Rafael Correa quiere repartir los beneficios de la banca con los pobres

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, quiere transferir parte de los beneficios de la banca a los pobres con un proyecto de ley que se debatió hoy en la Legislatura y que según los banqueros significa una "cuasi confiscación".

Correa, un economista de izquierda que se enfrentará a un exbanquero en los comicios presidenciales de 2013 si confirma su candidatura, espera recaudar unos 164 millones de dólares adicionales de la banca privada con la propuesta.

El Estado aportaría otros 140 millones para elevar de 35 a 50 dólares el llamado Bono de Desarrollo Humano (BDH), que reciben mensualmente 1,2 millones de personas pobres en Ecuador.

En la Asamblea Nacional, el parlamento unicameral del país andino, los legisladores aliados al Gobierno mostraron un apoyo entusiasta al proyecto, mientras que los parlamentarios de oposición mostraron cuidado en no parecer que defendían a la banca.

"Este es un proyecto fundamental de redistribución" de la riqueza, dijo el oficialista Virgilio Hernández, mientras que su correligionario Pedro de la Cruz explicó que con la propuesta se quiere tomar "una partecita" de las ganancias "extraordinarias" de la banca.

Ramiro Terán, del opositor Movimiento Popular Democrático (MPD), de izquierda, apoyó la medida.

Ecuador no ha pasado la grave crisis económica que ha convertido a los banqueros en objeto de críticas en los países desarrollados en los últimos años.

Sin embargo, está fresca la memoria del colapso financiero de 1999, que forzó al Estado a nacionalizar instituciones quebradas, a un costo de unos 8.000 millones de dólares, y provocó una gran emigración.

Correo lo recordó este miércoles en una entrevista televisiva en la que dijo que mientras que en esa ocasión se "socializaron las pérdidas" de la banca, con su proyecto de ley por primera vez se socializarán las ganancias.

La voz discordante llega de las asociaciones empresariales y, por supuesto, de la propia banca, que enfatiza que las entidades financieras de hoy son las que no recibieron ayudas estatales en 1999 y no deberían pagar por los errores de otros.

El director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Ecuador, César Robalino, pronosticó hoy que el sector registrará beneficios netos de unos 300 millones de dólares este año, lo que supone una rentabilidad del 12 %.

No obstante, según sus cálculos, esa rentabilidad se reduciría a un 5 % en 2013 con la aplicación de los nuevos impuestos, lo que sería similar a la inflación prevista, con lo que el lucro real sería nulo.

"Es una cuasi confiscación de las utilidades", afirmó Robalino.

El exministro afirmó además que el proyecto de ley viola la Constitución y tendrá efectos perjudiciales sobre la economía, ya que restringirá el crecimiento del patrimonio, que la banca usa para respaldar sus préstamos.

"Con la aprobación de la ley el crédito se va obviamente a estancar", dijo a la prensa Marcos López, un analista económico.

El proyecto contempla el cobro del 12 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los servicios financieros, que actualmente están exonerados, y eleva los gravámenes sobre los fondos depositados en el extranjero, entre otras medidas.

El proyecto también da potestad a la Junta Bancaria, una entidad estatal, para poner techo a los sueldos de los directivos de los bancos y amplía el acceso del Servicio de Rentas Internas (SRI) a la información bancaria de los ciudadanos.

La propuesta del alza del bono la presentó originalmente Guillermo Lasso, un exbanquero que es candidato a la presidencia en los comicios de febrero de 2013, aunque él dijo que la pagaría con los fondos que el Estado destina a publicidad.

Correa, que se prevé que se presente a la reelección, reaccionó prometiendo el mismo incremento, pero costeado con un aumento de los gravámenes a la banca.

En ese sentido, Salomón Fadul, legislador del Partido Social Cristiano, de derecha, afirmó hoy en el pleno que la propuesta de ley "busca el lucimiento personal y réditos electorales".

Tras el debate de hoy el proyecto de ley irá a una comisión de la Asamblea, que elaborará un segundo informe que devolverá al pleno, el cual lo votará.