Escándalo por compra de motos eléctricas para la Policía en
Bogotá
Gerencia del Fondo de Vigilancia y Seguridad busca tumbar
millonario contrato firmado por exgerente.
La compra de 100 motocicletas eléctricas para la Policía
Metropolitana, por parte del Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS), a un costo
de 4.357 millones de pesos, estuvo salpicada de presuntas irregularidades, que
van desde supuestos sobrecostos hasta una cuestionada adjudicación a ‘dedo’ de
esa inversión pública.
La adquisición de las motos no contaminantes quedó pactada
en el contrato 559, firmado el 27 de agosto del año pasado, entre el entonces
gerente del FVS, César Augusto Manrique Soacha (hoy director del Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital), y la firma Northbound
Technologies S.A., a través de su representante legal, Carlos Andrés Vaca
Jiménez.
Sin embargo, la entrega de las primeras 60 motocicletas,
prevista para finales de este mes, está en riesgo. EL TIEMPO estableció que la
actual gerente del FVS, Natalia de la Vega Sinisterra, encontró evidencias
“lesivas” para las finanzas del Distrito.
Alistan una demanda
Por esa razón, la funcionaria –quien se posesionó el 3 de
septiembre del año pasado– ya le dio poder a unos abogados para demandar este
contrato ante las autoridades y buscar su nulidad. De la Vega Sinisterra se
soporta en los hallazgos de su equipo, y en un informe de la Contraloría
Distrital, del pasado 2 de noviembre, que advierte de las irregularidades.
La primera tendría que ver con la manera en que se adjudicó
este contrato, ya que tanto la actual gerencia del FVS como el organismo de
control dicen que hubo favorecimiento a Northbound Technologies S.A. “No
obstante existir pluralidad de vendedores de motocicletas eléctricas en el
mercado nacional e internacional, el proceso de contratación se limitó a unas
características cerradas y con nombres propios”, reza un documento del FVS, que
habla de “estudios amañados y sesgados”.
El FVS, que estuvo en manos de Manrique Soacha durante seis
meses, decidió no realizar una licitación, sino una contratación directa.
La Contraloría Distrital afirma que en el mercado nacional
“más de una compañía suministra motocicletas eléctricas, las cuales tienen
especificaciones técnicas parecidas y experiencia policial en el mundo (...) y
de pronto con mayor experiencia en el mercado y servicio postventa”.
“El FVS determinó que la única motocicleta que cumplía con
las especificaciones técnicas era la marca ZERO, situación que era obvia en
razón a que las especificaciones técnicas requeridas correspondían a esta, lo
que hacía imposible que otra cumpliera con las mismas”, señala el informe del
organismo de control. “La Policía no realizó pruebas con ninguna otra
motocicleta para establecer diferencias”, añade el informe.
El segundo hecho que está siendo investigado apunta a
posibles sobrecostos, debido a que hay dos cotizaciones distintas de Northbound
Technologies S.A., con 15 días de diferencia. En la primera, una moto eléctrica
vale 38’495.250 de pesos, mientras en la segunda el precio es de 43.000.000 de
pesos. Sobre ese último valor se adquieren las 100 unidades.
La Contraloría dice que Propeller Energy había presentado
una cotización por 29’800.000 de pesos y había factores que “la definían como
la mejor motocicleta eléctrica potencial del mundo”.
Por si fuera poco, el FVS señala que Vaca Jiménez suscribió
el contrato por 4.357 millones de pesos, cuando sólo tenía autorización para
firmar contrataciones por 1.416 millones de pesos. Y, además, el FVS dice que
sólo hasta el 31 de octubre se radicó un documento, firmado por la “asamblea de
accionistas” de esa compañía, para autorizar la contratación por ese monto.
Este domingo, en diálogo con este diario, Manrique Soacha
desestimó lo dicho por el FVS y la Contraloría Distrital. Explicó que el
alcalde, Gustavo Petro, ordenó una investigación interna, cuyos resultados se
desconocen hasta ahora.
Insistió en que “hay un solo proveedor” para esa clase de
motos. Frente a la variación en las cotizaciones, anotó que a las nuevas se les
agregó un “adaptador para mayor autonomía”. Finalmente, defendió al contratista
y sostuvo que sí estaba habilitado para firmar ese contrato, hoy en la ‘mira’
del propio Distrito y la Contraloría Distrital.
Durante los últimos ocho años, el Fondo de Vigilancia y
Seguridad del Distrito ha sido una de las entidades más cuestionadas por toda
clase de problemas en la contratación, debido a presuntos hechos de corrupción
que han sido denunciados por los organismos de control.
En enero del año pasado, cuando arrancó el gobierno, el
alcalde Petro nombró a Polo Ávila Navarrete como gerente de la entidad, que
maneja un presupuesto cercano a los 200.000 millones de pesos al año. Pero,
tres meses después, el 14 de marzo del año pasado, la Alcaldía Mayor tuvo que
revocarle su nombramiento y posesión, luego de que se descubriera que el
funcionario no tenía título profesional.
Otra polémica compra
Gracias a una acción popular, el Distrito evitó el año
pasado el pago de 631 millones de pesos a la firma Auto Express Morato, que
correspondían a un saldo del 50 por ciento del contrato por la compra de 50
biciclos eléctricos o ‘segway’, para la Policía. La denuncia, hecha por EL
TIEMPO en marzo del 2012, surgió luego de que el propio Fondo de Vigilancia y
Seguridad (FVS) detectó un sobrecosto de unos $ 900 millones.
El contrato se había firmado en diciembre del 2011 por más de $ 1.260
millones, cuando, según los cálculos que luego hizo el FVS, los equipos traídos
de China no debieron superar los $ 370 millones. Lo cierto es que los 50
biciclos, que no fueron recibidos por la Policía, argumentando que no eran los
que habían solicitado al Distrito, fueron a parar a una bodega, situada en la
Autopista Sur de Bogotá.
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